PIVE 2: Una medida fiscal sostenible

Después del éxito del primer plan de ayudas a la industria automovilística, en este escrito se pretende valorar el posible impacto de la extensión de dicho plan, el llamado PIVE 2. Para analizar las perspectivas de este paquete de medidas la mejor estrategia es conocer los resultados del primer Programa de Incentivos al Vehículo, ya presentado en un artículo anterior. Así pues, aparte de conocer las características del entrante, lo que se pretende es conocer las consecuencias económicas del PIVE 1 que ha finalizado el pasado mes de enero para poder proyectarlas de cara a un futuro.

Las condiciones no varían demasiado de la primera edición. Las ayudas seguirán siendo de 2.000 euros, 1.000 facilitados por la administración y 1.000 euros por parte de los fabricantes. La principal diferencia es la partida destinada, que será de 150 millones de euros para cubrir la compra de 150.000 vehículos doblando el importe del primer paquete. La intención es la de prolongarse durante 12 meses desde el inicio el pasado 4 de febrero o bien hasta el agotamiento de los fondos. Todo apunta a que la segunda opción sea la efectiva dado que en el plan predecesor los 75 millones de euros no llegaron a más de 4 meses (octubre 2012-enero 2013) con lo que posiblemente en septiembre se haya finalizado el importe presupuestado. Finalmente, las premisas técnicas del plan no difieren de las de su antecesor (precio máximo del vehículo, antigüedad mínima del coche a entregar, emisiones del vehículo nuevo…).

Los efectos de las medidas del plan PIVE que ahora finaliza, básicamente se estructuran en 3 pilares. En primer lugar, las consecuencias positivas sobre la actividad económica, tanto del sector automovilístico de forma directa como de la economía en general de forma indirecta a través de los efectos de arrastre. En segundo lugar, el efecto sobre las arcas públicas. El hecho de subvencionar no tiene porqué dañar las cuentas públicas sino más bien lo contario. Por último, el ahorro energético que se deriva, y otras consecuencias más difíciles de medir de forma monetaria pero no por eso menos importantes. Estas pueden ser, los beneficios medioambientales o de la seguridad vial.

Así pues, el principal efecto directo que se deriva de dicha política expansiva es el incremento de la demanda. Según la ANFAC, la demanda adicional con el plan PIVE durante estos cuatro meses ha sido de 25.400 vehículos, lo que supone un incremento del 15,2%.

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Además, los múltiplos efectos indirectos se derivan de la larga cadena de producción industrial (industria auxiliar y distribución) además de los servicios complementarios como los financieros (entidades de crédito) y seguros. La tercera derivada son los llamados efectos inducidos, mejora de la producción y empleo en otros sectores por el mayor consumo de de la industria del automóvil y sus proveedores. En el ámbito global, es decir, agrupando los efectos directos e inducidos, ANFAC cifra el impacto en 927 millones de producción adicional y 4.500 nuevos puestos de trabajo. A parte, la partida de consumo frena su caída además de la mejora del sentimiento de los hogares. Es decir, la sensación de mayor riqueza tanto del comprador como del vendedor se traduce en un incremento de la confianza al consumidor que a la vez hace presagiar un incremento futuro de ventas. A partir de esto, si bien hay operaciones que simplemente se adelantarán la demanda añadida superará los 39.000 vehículos con las medidas que se ponen ahora en marcha según la consultora MSI.

En segundo término, la viabilidad presupuestaria parece estar asegurada viendo los resultados de la primera edición. Durante los últimos años de crisis del sector de la automoción las matriculaciones han caído más de un 30% respecto 2008 mientras que la recaudación fiscal se ha mantenido sin altibajos durante esta fase. Este dato apoya la posibilidad de rebajar los impuestos (una deducción fiscal y no una subvención, mucho más aceptada) básicamente porque el importe de la rebaja fiscal, será compensado holgadamente por el aumento de la base imponible, incrementando la recaudación. Este aumento de la base imponible también proviene de la alta elasticidad precio del producto en cuestión. Según cálculos de la ANFAC, de los 75 millones de euros desembolsados por el Ministerio, han retornado vía impuestos relacionados con la compra unos 81 millones de euros, que se amplían a 110 si se tienen en cuenta las cotizaciones sociales y los impuestos pagados por la creación de empleo. Por lo que se puede conlcuir la viabilidad asegurada del nuevo paquete de medidas que empieza.

En tercer lugar, sabida la dependencia del exterior del estado Español, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), órgano dependiente del Ministerio de Industria, prevé que con la renovación del parque automovilístico que conlleva la nueva convocatoria del Programa PIVE se ahorrarán unos 78 millones de litros de combustible/año. A precios actuales del crudo, la importación en este concepto descenderá unos 36 millones de euros. En términos medioambientales, la emisión de CO2 se reducirá a un ritmo de 262.000 toneladas/año. Por último, la coyuntura provoca un aumento de la vida de los coches y el resurgir del mercado de segunda mano (según Faconauto este enero han aumentado un 40% las ventas de vehículos usados respecto el mismo mes del año anterior), con las deficiencias en seguridad vial que representa. En efecto, en la pasada edición, la antigüedad media de los coches que se sustituyeron fue de algo más de 17 años.

Sabido es que 2012 fue el peor año en ventas de turismos desde 1993, dónde empieza el registro. El paquete de ayudas no va a solucionar el problema de fondo, aunque una rebaja de la fiscalidad permanente sí que podría conllevar cambios en la estructura de la demanda. Dicho esto, todas las consecuencias son positivas y el único problema que podría ser el de la financiación parece solventado. Por lo tanto, creemos que son necesarias políticas expansivas de esta índole siempre y cuando estén basadas en criterios económicos y enfocadas a objetivos de mejora de la sociedad. La consolidación fiscal no tendría que verse afectada.

Marc Barberà, EFA. Profesor Economía Aplicada URV

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Categorías:Economía

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